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Traducido por Nuria Álvarez Agüí, miembro de Tlaxcala, la red de traductores por la diversidad lingüística. (www.tlaxcala.es)

Desde hace dos años, las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos cometidas durante la elección presidencial en Togo esperan que se les haga justicia. Estos hechos significaron la muerte de varios centenares de personas y el desplazamiento de miles de otras a los países vecinos. La elección, marcada por irregularidades y violencias, vio la victoria de Faure Gnassingbé, hijo del presidente difunto, en abril de 2005. Como resultado de las presiones internacionales, las autoridades crearon en mayo de 2005 una Comisión nacional especial de investigación independiente (Comisión Koffigoh) encargada de determinar las circunstancias en que se produjeron estos hechos, evaluar los daños sufridos y hacer que se inicien procesos judiciales.

Al mismo tiempo que sus conclusiones, la Comisión Koffigoh entregó al jefe de Estado una lista con los nombres de los presuntos autores y sus cómplices citados por las víctimas. Además, más de un centenar de víctimas, la mayoría apoyadas por el Colectivo de asociaciones contra la impunidad en Togo (CACIT), han decidido denunciar los hechos a pesar de los riesgos que esta acción pueda entrañar. Todas las víctimas de los hechos violentos de 2005, incluidas las que pertenecen a la gubernamental Unión del Pueblo Togolés (RPT), han expresado abiertamente su deseo que buscar justicia. Tras su visita a Togo del 10 al 17 de abril de 2007, el delegado especial sobre la tortura de las Naciones Unidas, Manfred Nowak, constató que ninguno de los presuntos culpables ha sido hasta el momento llevado ante la justicia.

Sin embargo, se han anunciado algunas medidas. En agosto de 2006, dentro del acuerdo político global que debía sacar a Togo de la crisis política, los principales partidos políticos reconocieron la importancia de poner fin a la impunidad y decidieron crear una comisión de investigación sobre la violencia política desde 1958. Una nueva ley referente a las fuerzas armadas fue adoptada en febrero de 2007 y se ha emprendido un programa de reformas judiciales.

Las autoridades togolesas deben ahora convertir en actos su voluntad declarada de hacer justicia a las víctimas. Ante las elecciones legislativas previstas para junio de 2007, es urgente que el conjunto de la población sepa que tales violencias no podrán volver a producirse impunemente y que los autores de los pasados hechos tendrán que responder ante la justicia.

Las asociaciones firmantes de este comunicado llaman a las autoridades togolesas a :

 Hacer de la lucha contra la impunidad una prioridad nacional procediendo a la apertura de investigaciones judiciales independientes e imparciales acerca de los hechos de 2005.

 Poner en práctica un mecanismo de investigación independiente y eficaz contra quienes practicaron la tortura, conformemente a las recomendaciones del Delegado especial sobre la tortura de las Naciones Unidas tras su visita a Togo.

 Hacer justicia a las víctimas que aguardan una reparación desde hace dos años, sin esperar a la creación de la “Comisión encargada de esclarecer los actos de violencia de carácter político, cometidos durante el período comprendido entre 1958 y nuestros días, y de estudiar las modalidades de compensación a las víctimas”, cuya creación fue decidida por el acuerdo político global de agosto de 2006.

 Velar por el estricto respeto de los derechos humanos y del estado de derecho durante las próximas elecciones legislativas, previstas para junio de 2007, y especialmente en lo que concierne a los derechos a la vida, a la libertad de expresión, de reunión y de manifestación.

 Tomar las medidas necesarias y apropiadas para una aplicación efectiva de las recomendaciones formuladas por la Misión de establecimiento de los hechos de Naciones Unidas en agosto de 2005 y por el Comité contra la tortura en sus conclusiones de 2006.

 Hacer todo lo posible para evitar que la violencia que significó tan graves violaciones de los derechos humanos no se repita antes, durante ni después de las elecciones legislativas proyectadas.

Las cuatro últimas décadas han demostrado ampliamente que mientras no se ponga fin a la impunidad, ninguna solución política y pacífica duradera podrá ser alcanzada en Togo.

Asociaciones firmantes :

 Action des chrétiens pour l’abolition de la torture (ACAT-France)
 Amnesty International
 Comité Catholique contre la faim et pour le développement (CCFD)
 Fédération internationale de l’ACAT (FIACAT)
 Franciscans International
 Organisation Mondiale Contre la Torture (OMCT)
 Secours catholique—Caritas France
 Survie